Las amenazas provendrían de personas interesadas en el dinero para la reparación de las víctimas que se encuentra consignado en el Banco Agrario y que por razones logísticas de Acción Social no ha podido ser reclamado por sus beneficiarios.
"Varias personas cercanas me comentaron que desconocidos se expresaron contra mí, donde afirmaban 'será que al Personero le tendremos que dar los pasajes para que fuera a reclamar las cartas para las víctimas y que está bueno para vaciarle una ráfaga encima", comentó el Abogado Leopoldo Botero.
El Ministerio Público Local aclaró que no es de su competencia expedir las cartas para que los beneficiarios reclamen el dinero que ha sido asignado como indemnización por ser víctima del conflicto armado y que ese trámite es competencia única y exclusiva de Acción Social de la Presidencia de la República.
"La desinformación con la comunidad también proviene de funcionarios del Banco Agrario que dicen a la comunidad que en ese ente bancario ya se encuentra el dinero para las víctimas y que deberían reclamar la carta en la Personería, a sabiendas que ellos (Banco Agrario) sabe que hasta no llegar la orden de Acción Social no se puede realizar el desembolso del dinero", comentó el Personero.
Incluso, contó Botero, que cada semana visita las oficinas de Acción Social con el fin de reclamar las cartas para ser entrega del dinero y allí le indican que una vez sean expedidas le informarán para que sean reclamadas. Datos que son corroborados constantemente vía telefónica por su secretaria.
El Personero dijo desconocer los autores de los comentarios amenanzantes y de quién podrían provenir. "De continuar las amenazas o comentarios me veré obligado a poner en conocimiento de las autoridades competentes la situación", expresó Botero.
Esta es la segunda amenaza de este tipo que se presenta en el municipio. La primera se la hicieron a la Directora del Centro Día Gerontológico, Rosalba Ortega donde le reclamaban por dineros de subsidios a algunos adultos mayores que habían sido retirados del sistema por el Gobierno, aduciendo falta de requisitos.
Es lamentable que este tipo de situaciones ocurran en La Ceja, puesto que instituciones como la Personería siempre han estado al tanto de hacer cumplir los derechos de los ciudadanos y en este caso de las víctimas y desplazados.
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