Padres abusadores

De la Dirección Liberal Departamental, como organización, sólo existe el nombre. La anterior directiva, en cabeza del ex congresista Luís Fernando Duque y su Secretario General Gustavo Giraldo, acabó con ella. La desconfianza, las ansias de poder y peleas internas, prácticamente hicieron desaparecer al liberalismo de Antioquia.

Como este año hay botín (elección de alcaldes y concejos) para repartir, y aunque no se soportan los unos a los otros, se encerraron a puerta cerrada y en un conciliábulo determinaron quiénes serían sus candidatos para el 30 de octubre. El Periódico El Mundo del 2 de Mayo, tituló: “Increíble pero cierto: Las tendencias del liberalismo antioqueño, congregadas en el Directorio Departamental, tan conflictivas y dispares, lograron un histórico arreglo para definir candidatos únicos y mecanismos de selección de aspirantes en 95 municipios antioqueños.” Por supuesto que los ungidos fueron sus cofrades, los miembros de su logia.

En el caso particular de La Ceja, y supongo que en los demás municipios, optaron por escoger a dedo, quién sabe con qué compromisos futuros, a quién le otorgarían el aval. Se pasaron por la faja el artículo 20 de los estatutos del otrora glorioso Partido Liberal que ordena que “La Consulta Popular Interna, será obligatoria y el único mecanismo para la selección de los candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones y alcaldías, cuando no existan candidatos únicos debidamente inscritos ante las autoridades del Partido.”

Se ordena allí, que en caso de que haya más de un candidato “las directivas del Partido deberán buscar mecanismos de consenso entre las distintas fuerzas políticas.” Los dirigentes del partido en Antioquia, entre ellos el Senador (“padre de la patria”) Eugenio Prieto Soto, abusando de su poder desconocieron los deberes del Capíulo III, no cumplieron e irrespetaron los estatutos.

Sólo pretende el demandante Gallego que los accionados le respeten sus derechos, especialmente el consagrado en el artículo 29 de la Constitución de 1991 que obliga a aplicar el debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esto significa, ni más ni menos, que todos, hasta los mal llamados padres de la patria, que se creen amos y señores del país, están obligados a respetar la Constitución, las leyes y los estatutos de los partidos políticos.

El debido proceso es la base del Estado de Derecho. Sin él, las autoridades y los poderosos de toda índole pisotearían los derechos de los más débiles, ellos impondrían sus decisiones tal y como quiso hacerlo el supuesto Directorio Liberal Departamental, patrocinado por el señor Rafael Pardo, quien posa de serio y de respetuoso de las normas.

Si todo marcha dentro de lo normal, y se acoge la nutrida jurisprudencia que existe sobre el tema, la decisión judicial será favorable al accionante, se ordenará que se cumplan los estatutos y que se acuda a un mecanismo democrático para escoger el candidato del Liberalismo a la Alcaldía. Hasta allí sólo una parte de la sanción.

La otra mitad de la pena quedaría en manos de los votantes, quienes en señal de rechazo, debemos abstenernos de votar por aquellos que quieren triunfar a costa de cualquier cosa, incluso violando consuetudinariamente la Constitución y las normas electorales. Sólo así estaríamos imponiendo un justo castigo a quienes son nuestros verdugos: los abusadores padres de la patria.

COLUMNA DE OPINIÓN

Jhon Jairo Echeverry Salazar