Calidad de la información, crisis humanitaria y desregularización de los periodistas

Ciento treinta y nueve agresiones contra reporteros ha registrado la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), desde enero hasta finales de agosto. Una cifra que refleja la grave crisis humanitaria que padecemos los informadores de la sociedad y que, hace rato, ha debido prender las alarmas del Estado colombiano. Si consideramos, además, que esta situación se produce en un contexto de desregularización laboral creciente –nos convirtieron en vendedores de publicidad y por lo tanto, en frecuente objeto del chantaje gubernamental con la pauta-, resulta incomprensible el mutismo de una sociedad que debería estar reflexionando sobre el tipo y la calidad de la información a que tiene derecho.

Pero, si además revisamos quienes son los agresores de periodistas, encontramos, con sorpresa, que el propio Estado -encargado de garantizar la vida y honra de los ciudadanos- con cerca de un 40% de los ataques, le gana con creces a los grupos armados ilegales y a la delincuencia común. Depreda a través de funcionarios civiles como alcaldes, concejales, diputados o directivos de institutos descentralizados, incómodos con las denuncias de corrupción o con posturas críticas frente a sus actuaciones; lo hace a través de miembros de la fuerza pública que quiere ocultar sus desmanes tanto en la guerra como durante disturbios urbanos, o lo más grave, su apoyo a grupos armados ilegales.

Comenzamos el año con el asesinato del camarógrafo José Carlos León Barbosa, mientras abrazaba a su novia, en un estadero de Ocaña. A los pocos días, el colega Javier Gómez de Telepetróleo se convirtió en un desplazado por la violencia más, luego que fuera encañonado a pocos metros de la Alcaldía de Barrancabermeja.

Y los dos últimos días de agosto, padecimos una avalancha de agresiones, difícil de asimilar. En Cartagena una turba atacó y lesionó a la periodista Marié Quesada del diario Q’hubo y al conductor, Félix Soto, para manifestar su inconformidad con la muerte de un peligroso criminal durante un enfrentamiento con la policía. Ese mismo día desactivaron una carga de 25 kilos de anfo puesto frente a la sede de la emisora Linda Estéreo de Doncello Caquetá.

Al otro día, un sicario al servicio del mal llamado micro tráfico de droga, hizo cinco disparos contra Marco Tulio Valencia Hoyos, director del periódico El Norte y del canal local MTV de Mariquita, Tolima, que, por suerte, terminaron en la puerta y una de las ventanas de la casa del colega. Y el mismo día, el Presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, demando ante la Fiscalía a la periodista y columnista de El Tiempo, Salud Hernández, por injuria y calumnia, sin ningún fundamento jurídico, abriendo otro capítulo de acoso judicial.

Dos semanas atrás, terroristas no identificados, habían detonado un poderoso carro bomba frente a la sede CARACOL radio y de la agencia EFE en Bogotá. Y, Juan David Betancur, corresponsal de Teleantioquia, había sido atacado con un objeto contundente por un pregonero del alcalde de Dabeiba y conminado a no volver a informar sobre el mandatario, bajo amenaza de muerte.

En agosto, la Federación Colombiana de Periodistas, también tuvo que dar cuenta de la muerte del fotógrafo Víctor Julio Sánchez, quien fue una víctima tardía, en Cali, del carro bomba que estalló frente a la Fiscalía de Buenaventura, el 24 de marzo… con él, son seis los colegas, cuya muerte violenta hemos tenido que lamentar en sólo ocho meses: José Carlos León (Enero 11) – Ocaña, Norte de Santander; Clodomiro Castilla (19 de marzo) – Montería, Córdoba; Mauricio Medina Moreno (12 de abril) – Ortega, Tolima; Arsenio Zambrano (16 de abril) – Ibagué, Tolima; y el periodista manizalita Oscar Rubio Cárdenas, asesinado en Bogotá, el 30 de abril.

Otra manera de silenciar periodistas, es la cancelación del contrato de trabajo o mediante el retiro de la publicidad, en el caso de los periodistas autogestionarios. Caso sorprendente, por el cinismo que expresa, es el del reconocido periodista Germán Mejía Gallo, director de noticias del Canal UNE de Manizales: tras opinar en un programa deportivo sobre la pobre calificación de directivos del Onces Caldas, el 9 junio fue desvinculado de la planta de personal por orden del coordinador nacional del canal, Henry Chávez, quien atendió, solicito, un llamado de Duván Vásquez, directivo del equipo de fútbol.

En La Ceja, Antioquia, el colega Ricardo Bedoya, padeció un cerco económico al noticiero “Informativo del Oriente”, que se emite por la emisora comunitaria Celeste Estéreo, por iniciativa del alcalde, Rubén Darío Bedoya Otálora, molesto con la información independiente que emite: en la segunda semana de junio, no solo retiró la publicidad municipal -a pesar de no haberse ejecutado todo el contrato-, sino que exigió al gerente de “Empresas Públicas de la Ceja E.S.P”, pedir la renuncia al periodista que prestaba una asesoría en comunicaciones, o de lo contrario le declararía la caducidad, que lo inhabilitaría para contratar con el Estado por lo menos durante seis años…

Las cifras oficiales, las del anterior gobierno nacional, no dan cuenta de los casos aquí reseñados, mucho menos de la crisis humanitaria en que trabajamos los periodistas. Todo lo contrario, declararon en foros internacionales el fin de los crímenes de informadores y un ejercicio completamente libre del periodismo en Colombia. Sin embargo, nuestros informes periódico sobre derechos humanos, desde el año 2007, muestran el ascenso de las condiciones de riesgo y grado de amenaza que padecemos los mensajeros de la sociedad: en el año 2007, FECOLPER registró 97 agresiones a periodistas; en el 2008, 112; durante el 2009, 166; y entre enero y agosto del presente año, 139 agresiones, para un total de 514 ataques contra el ejercicio periodístico, en tres años y medio.

Esta situación se agrava, ostensiblemente, por la precariedad laboral de periodistas y comunicadores sociales, y por su desprotección frente al sistema general de seguridad social. Durante el año 2009, FECOLPER realizó una encuesta a 1.162 periodistas –la más grande que haya hecho en Colombia- para determinar su perfil socioeconómico.

De los encuestados, sólo el 29% tiene seguro de vida. Esto significa que el 71% de los periodistas realiza su trabajo, en condiciones que dejan a sus familias en total estado de desprotección. El 31% no hace aportes a pensiones, porque simplemente no tiene recursos para hacerlos. Solo el 36% está afiliado al sistema general de salud, por un empleador dentro de una relación laboral. Y el 69% no está afiliado a ninguna caja de compensación familiar.

Esto, producto de la desregularización laboral que sufrimos los periodistas en todo el país -con excepción de Bogotá donde recién comenzó el perverso proceso-, que nos convirtió en concesionarios de espacios de radio y televisión, donde debemos pagar arriendo al dueño del medio, lo que -en la práctica- significa que debemos pagar para poder trabajar.

Pero más allá del impacto directo sobre la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los periodistas, nuestra desregularización laboral tiene consecuencias nefastas sobre el derecho a la información de los ciudadanos y sobre la esencia misma de la democracia: para financiar los espacios informativos, estamos en la obligación de vender publicidad y, en buena parte del país, esa publicidad llega del Estado, como una forma de chantaje de mandatarios municipales o departamentales sobre nuestra independencia editorial.

Por todas estas razones, es necesario seguir fortaleciendo el proceso organizativo de los periodistas, a pesar de las dificultades que la intolerancia criminal y/o empresarial representan, con la esperanza fundada de que el ciudadano del común, comprensa cómo nuestras condiciones de trabajo determinan la calidad de la información que recibe, y por lo tanto, afectan la decisiones de su día a día.

EDUARDO MÁRQUEZ G.

Director Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas

* Como director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO-FIP, propició la creación de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), que agrupa a 29 organizaciones regionales con más de 1300 periodistas afiliados, de la cual es Presidente. Por su trabajo en defensa de los derechos humanos de los periodistas colombianos, fue ganador del II Premio Internacional de Periodismo “Julio Anguita Parrado” de España, en 2008, y el Premio Nacional "Consuelo Araujo Noguera", deL Círculo de Periodistas de Valledupar, en 2007.